Los voluntarios están discutiendo una serie de medidas, como el agua y los derechos tribales, que podrían terminar en la nueva Carta Magna.
La Asamblea Constituyente chilena ha iniciado discusiones formales para reformar una nueva constitución que estuvo bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
Es probable que la asamblea del martes sea un proceso largo, discutiendo planes para nacionalizar la mina, la creación de un congreso unicameral, derechos de agua y protecciones para áreas nativas, y otros temas.
“En este período vamos a ver qué va a quedar realmente en el proyecto de constitución”, dijo María Eliza Quinteros, presidenta de la Asamblea Constituyente, al señalar que el texto enfrentará un referéndum nacional previsto para septiembre.
El debate se produce cuando Gabriel Borick, un líder de exalumnos de izquierda de 36 años, asumirá el cargo de próximo presidente de Chile en marzo.
Condujo al país al cambio político y social más dramático desde su regreso a la democracia en 1990.
La lista de discusión incluye derechos de agua y propiedad, independencia del banco central y prácticas laborales. Otros temas incluyen los derechos de los animales, la educación feminista, la protección del mundo natural y la legalización del cannabis.
Estas propuestas se debatirán en los próximos meses y deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios, con unos 103 votos.
De ser aprobados, enfrentarán cambios antes de la segunda votación definitiva, que se incluirá en el texto final. De ser rechazadas, serán devueltas a la Comisión para su reconsideración o rechazo.
La posibilidad de cambios bruscos en el país ha provocado algunas advertencias entre los conservadores, al mismo tiempo que ha provocado temblores entre los inversionistas y las empresas mineras.
Quinteros trató de disipar los temores, diciendo que había mucha «desinformación» en torno al proceso y que los movimientos estaban en pañales.
Pero esas preocupaciones han causado que el proceso pierda algo de apoyo, con una encuesta realizada por el cuadro de encuestas privadas que muestra que el porcentaje de personas que actualmente dicen que quieren votar para aprobar una nueva constitución se ha reducido del 56 al 47 por ciento.
El sistema constitucional elegido el año pasado está dominado por representantes independientes y de izquierda, algunos de los cuales tienen raíces en el movimiento contra el apartheid de 2019 que estalló en desigualdad en uno de los países más ricos de la región.
Kenneth Bunker, director de la consultora Treskintos, dijo que era importante plantear «inquietudes» para evitar que avancen movimientos «incómodos» que socaven la confianza en el proceso.
Pero aunque la nueva constitución plantea un desafío para el nuevo gobierno de guerra, Bunker dijo que todavía pensaba que eventualmente se aprobaría.
«En el corto plazo, si el gobierno de Gabriel Borick aprueba esta constitución, será un verdadero desafío equilibrar la infraestructura social con la situación política y económica de Chile», dijo.
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